SANTO DOMINGO.– Las víctimas del trágico colapso ocurrido en el centro de diversión Jet Set interpusieron una demanda patrimonial contra el Estado dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, por su presunta responsabilidad por omisión antijurídica en una de las mayores tragedias nacionales.
Los demandantes informaron que, desde el primer día del proceso, establecieron que, de manera independiente a la querella penal con constitución en actor civil, presentarían una demanda patrimonial contra las instituciones y funcionarios que consideran responsables. En cumplimiento de ese compromiso, la acción legal fue depositada el 29 de enero de 2025 ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, órgano competente para conocer demandas patrimoniales contra el Estado y sus funcionarios.
La demanda persigue al Estado dominicano, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), así como al Ayuntamiento del Distrito Nacional, reclamando RD$909,949,854.05 por daños materiales y RD$1,073,720,499.91 por daños morales, para un total de RD$1,983,670,353.96. Estas indemnizaciones corresponden a la muerte de nueve personas y las lesiones sufridas por una sobreviviente.
Las víctimas identificadas en el proceso son: César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.
Asimismo, la acción legal incluye de manera directa al exministro Carlos Bonilla, quien fungía como titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones al momento de los hechos. Los demandantes aclararon que no incluyeron a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, debido a que el responsable legal del área de Planeamiento Urbano, Christian Alejandro Tejada Pichardo, falleció en la tragedia.
Los querellantes sostienen que la responsabilidad del Estado quedó claramente establecida en la acusación del Ministerio Público, así como en las experticias técnicas depositadas en el proceso. Aseguran que las autoridades incumplieron su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos que, de manera habitual, asistían cada lunes al establecimiento.
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