Estarlin Canelo
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Un manto de opacidad envuelve el manejo de los fondos públicos destinados a los partidos políticos, tras revelarse que la Cámara de Cuentas lleva alrededor de 17 años sin publicar auditorías actualizadas sobre los recursos entregados a la mayoría de esas organizaciones, según consta en el portal del órgano de control interno.
El dato cobra mayor relevancia al considerar que en el país operan 34 partidos y siete movimientos políticos que reciben financiamiento estatal, cuyos controles han quedado prácticamente en silencio desde los informes divulgados entre 2008 y 2009. En esos reportes, sin embargo, ya se advertía una preocupante estela de irregularidades en el uso de los fondos.
Hallazgos que revelan un patrón alarmante
Las auditorías realizadas por el órgano de control externo evidenciaron prácticas reiteradas que vulneran los principios de transparencia y rendición de cuentas, entre ellas:
• Emisión de cheques sin respaldo documental
• Gastos de campaña sin justificantes
• Compras sin cotizaciones ni controles mínimos
• Pagos con facturas sin Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)
A esto se suman fallas estructurales como depósitos tardíos, ausencia de conciliaciones bancarias, uso de una sola cuenta para distintos fondos y cheques sin firmas de aprobación, configurando un patrón sistemático de debilidad en los controles internos.
PRM bajo escrutinio
Uno de los casos más recientes auditados corresponde al Partido Revolucionario Moderno, cuyo manejo financiero en 2016 fue evaluado tras una auditoría ordenada en 2017.
El informe identificó desembolsos sin documentación por más de RD$4 millones, diferencias contables por RD$113,151 sin justificación clara, cheques sin registro contable, inconsistencias en los registros y diferencias financieras sin explicación clara. Aunque el dictamen fue con salvedad indicando cierta razonabilidad en los estados financieros, los hallazgos encendieron las alarmas sobre la fragilidad de los controles internos, entre otras irregularidades. Cabe destacar que en el 2016, el PRM contaba con una asignación presupuestaria de 12 millones 563 mil 600 pesos con 19 centavos.
PLD: cientos de millones sin justificar
En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, la auditoría correspondiente al año 2008 reveló irregularidades aún más contundentes.
De más de RD$334 millones manejados, se identificaron anomalías por RD$279,581,825.13, incluyendo:
• RD$236 millones en gastos de campaña sin documentación
• Más de RD$42 millones en pagos sin soporte
• Emisión de cheques sin respaldo y compras sin control
El informe también señala responsabilidades administrativas, incluyendo al entonces secretario de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, por incumplimientos legales en la gestión de los recursos.
El patrón se repite en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Quisqueyano Social Demócrata (PQDC).
Además, de Partido Popular Cristiano (PPC), Fuerza del Pueblo (FP), Movimiento Independencia Unidad y Cambio (MIUCA), Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), entre otros.
Miles de millones bajo cuestionamiento
El panorama se agrava al conocerse que la Junta Central Electoral ha distribuido desde el año 2000 hasta 2024 más de RD$28,671 millones a organizaciones políticas, fondos que en gran medida habrían sido utilizados sin la debida documentación de respaldo.
Pese a que las auditorías fueron realizadas hasta 2017, los resultados posteriores a 2009 no han sido publicados, lo que deja un vacío de información de más de una década sobre el uso de recursos públicos.
Transparencia en deuda
Este escenario reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización en el sistema político dominicano. La ausencia de consecuencias contundentes y la falta de publicación de auditorías recientes plantean serias dudas sobre la capacidad institucional para garantizar la transparencia.
Más allá de simples fallas administrativas, los hallazgos reflejan una cultura de opacidad que compromete la confianza ciudadana y exige reformas urgentes en los sistemas de control, rendición de cuentas y sanción.
En un país donde el financiamiento público a los partidos busca fortalecer la democracia, la falta de supervisión efectiva convierte estos recursos en un punto crítico que no puede seguir en la sombra.
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